El Plan de Ayala a 100 años

El Plan de Ayala a cien años de su promulgación.

La urdimbre de sus raíces.

Julio César Franco Gutiérrez

Las conmemoraciones son ocasiones para valorar la trascendencia de ciertos sucesos históricos, con base en una visión retrospectiva y crítica. Sin embargo, los recientes festejos de los centenarios nacionales amenazan con diluir este propósito en un vórtice de derroche gubernamental y patriotismo oportunista. La presente ponencia pretende restituir en nuestras conciencias, o al menos en parte, el sentido auténtico del programa zapatista en vísperas de la centuria de su redacción.

En la reflexión sobre el zapatismo revolucionario, el Plan de Ayala constituye un hito tan luminoso que fácilmente eclipsa la compleja constitución del movimiento suriano; así, parecería que Ayala es el punto de partida del Ejército Libertador del Sur, cuando en realidad es el nudo en el que esta fuerza militar y política deja de ser un puntal del movimiento antirreeleccionista y consuma su autonomía recuperando, reformando y enriqueciendo el Plan de San Luis.

Por otra parte, aunque los pueblos surianos se encontraban movilizados mucho antes de la convocatoria de Francisco Madero, ésta les permitió articular su lucha contra la tiranía y el despojo con las lejanas regiones norteñas. Más que las coincidencias políticas sobre el desconocimiento de la última reelección de Díaz, los “hijos del estado de Morelos” se sumaron al Plan  de San Luis, principalmente por el contenido de su artículo tercero, que en una parte decía: “se declaran sujetas a revisión tales disposiciones -se refiere a la aplicación de la Ley de Terrenos Valdíos para despojar a pequeños propietarios agrícolas de sus predios- y se les exigirá a quienes los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus antiguos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos…”[i]

Sin embargo, la expulsión del dictador no significó el triunfo de las reivindicaciones populares, de las cuales las demandas agrarias conformaban un nutrido contingente, sino por el contrario, el convenio de Ciudad Juárez constituyó el eslabón de continuidad entre el antiguo régimen y el proyecto maderista, pues reformó en su considerando III los artículos 5° y 6° del propio Plan de San Luis, y con ello, mantuvo en la estructura del gobierno provisional a importantes políticos porfiristas, el primero entre éstos fue el titular del interinato, Francisco León de la Barra, quien durante su gobierno exigió el licenciamiento de las tropas morelenses y su inmediata pacificación, pero sin ofrecer en reciprocidad una solución real a las exigencias campesinas.

El propio Madero apoyaba las exigencias gubernamentales, en atención a una malograda congruencia son los convenios de Juárez; fue así que viajó a Cuautla, sede del cuartel general de este estado, y prometió a la dirección campesina efectuar la restitución de tierras en cuanto se constituyera su gobierno, además de colocar en la gubernatura del estado al general revolucionario Eduardo Hay -promesa que excedía sus propias facultades- y designar como comandante militar en la zona a su propio hermano, Raúl Madero. Pero precisamente cuando comenzaba el licenciamiento de tropas, las falanges federales dirigidas por Victoriano Huerta arremetieron a sangre y fuego contra Morelos, con lo cual, quedó patente la postura oficial hacia magonistas y pueblos surianos, resumida ya en la declaración lapidaria del entonces secretario de gobernación, Alberto García Granados, donde se establece la postura: “El gobierno no trata con bandidos”.

Esta postura no sólo les niega el reconocimiento como actores políticos con demandas atendibles, también trató de legitimar la brutal ofensiva del gobierno. Con tristeza confirmamos la miopía política de don Francisco Madero, discapacidad que propició mantener este injusto trato hacia las comunidades surianas y otros grupos inconformes, aun después de que el coahuilense asumiera la primera magistratura el 6 de noviembre de 1911. Tan evidentes eran las contradicciones del mandatario, que por aquellos días, comenzó a decirse -según el testimonio de Silva Herzog-: “Madero va a gobernar con sus enemigos contra sus amigos”[ii]

El propio Madero confirma esta creencia con su informe a la XXV legislatura; pues en su discurso consideró injustificadas las rebeliones dirigidas por Zapata y Orozco, al denominar como “horda vandálica” al Ejército Libertador del Sur y desconociendo las causas profundas de esa rebelión. Posteriormente declara la postura oficial sobre la reforma agraria: “El ejecutivo se preocupa hondamente por el problema agrícola, porque estima que en la solución de este problema está vinculado el porvenir económico de la República”[iii]. Notemos que el concepto elegido es “económico”, no social ni de restauración del derecho; esta declaración representa una solución de continuidad con la política económica del régimen porfirista, pues la economía del país se desarrolló y estabilizó, sorteando incluso crisis como la de 1907, a expensas de la dignidad de la clase trabajadora, a la cual se le arrojó a una situación semifeudal, cercana a la esclavitud en algunas zonas del centro y sureste de México[iv]. Esto permite entender la incompatibilidad entre el presidente y los zapatistas, para quienes -según palabras de Salvador Rueda- el asunto era “restituir el equilibrio del mundo” perturbado por compañías deslindadoras, especuladores y latifundistas; o en palabras plasmadas en el propio Plan al referirse a la finalidad de la resolución del conflicto agrario: “[para que] se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de todos los mexicanos”[v].

Pero sigamos con el informe presidencial. En este documento, se anuncia también la organización de las comisiones Nacional Agraria y Agraria Ejecutiva, cuyo propósito fue diagnosticar la situación de la pequeña propiedad rural y estipular las políticas públicas relativas al fraccionamiento y la colonización de los territorios.

En El agrarismo mexicano y la reforma agraria, Silva Herzog consigna la propuesta presidencial para desahogar el conflicto agrario, mismo que podemos condensar en tres puntos básicos: primero, se  buscaba parcelar los ejidos que continuaban intactos, con base en la constitución de 1857; segundo, fraccionar los terrenos nacionales para su venta en lotes medianos o pequeños y tercero, comprar algunas haciendas a los terratenientes, para fraccionarlas con el mismo propósito del caso anterior[vi].

Se comprende la intensión, heredada del liberalismo reformista, de conformar a México como un país de pequeños y medianos propietarios agrícolas, individualistas y competitivos en un ambiente de libre mercado; sin embargo, esta aspiración liberal no concordaba en absoluto ni con la circunstancia real de la propiedad agraria en las regiones centrales y sur-orientales del país, ni con la idiosincrasia de sus pobladores. Incluso los resultados periciales de las comisiones gubernamentales, antes señaladas, confirmaron el desacierto presidencial, pues determinaron que el fraccionamiento necesitaría de estudios cuidadosos de agrimensura, cuyo proceso sería demasiado dilatado para la urgencia que el caso demandaba, por lo que se inclinaban hacia la restitución del ejido comunal, emprendiendo para ello las reformas legislativas pertinentes[vii].

Éste es el ambiente en el cual fue desarrollado el Plan de la Villa de Ayala, al menos durante los tres días previos a aquél 28 de noviembre de 1911, desde entonces sus líneas aportaron dirección doctrinal a la rebelión en Morelos, propiciando la prolongación de su influencia en los territorios aledaños de Puebla, Guerrero, el Estado de México y en la propia capital mexicana, concretamente en las zonas de Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco. Es un documento de redacción clara y sencilla, cuyas líneas declaran, no sólo la indignación de un antiguo aliado al sentirse traicionado, sino también la firme decisión de su causa, las providencias que se tomarán para conquistarla y los mecanismos que se construirán para sostenerla. Este último atributo no ha sido lo suficientemente reivindicado, y espero poder lograrlo medianamente en lo sucesivo.

El plan comprende quince principios que reforman el Plan de San Luis “para beneficio de la patria mexicana y para acabar con la tiranía”[viii]. Los primeros dos sancionan el desconocimiento de Francisco Madero como presidente de México y como líder de la revolución, se establece la misma suerte para el vicepresidente Pino Suárez y se expone al pueblo las razones.

En el principio tercero se ofrece el mando del movimiento suriano al general Pascual Orozco y en caso de su declinación, al general Emiliano Zapata. Casi dos años después, en mayo de 1913, el Plan de Ayala es reformado como consecuencia de la usurpación perpetrada por Huerta y de la alianza de Orozco con los golpistas, tras lo cual fue nombrado formalmente Zapata como jefe de la revolución libertadora.

El cuarto principio suscribe al Plan de San Luis. En el quinto se establece la intransigencia del movimiento con los elementos dictatoriales del antiguo régimen. Los principios  6°,7°, 8° y 9° hacen referencia al tema agrario y son los más estudiados desde entonces por sus planteamientos de restitución a propietarios despojados, de dotación a desposeídos mediante la expropiación por indemnización y de nacionalización de los inmuebles bajo dominio de los enemigos de la revolución en beneficio de viudas, huérfanos y demás damnificados por la guerra.

En el décimo se juzga traidor de la revolución a todo jefe militar que se oponga al Plan de Ayala. En el décimo primero se suscribe el artículo bajo el mismo número del Plan de San Luis sobre los gastos de guerra. Los principios 12° y 13° establecen los mecanismos para la designación del presidente interino de la República, para la conformación del Congreso de la Unión, para la convocatoria a elecciones federales y para la designación de gobernadores estatales. Estos dos breves principios tuvieron gran trascendencia en los años sucesivos, cuando las regiones zapatistas fincaron en ellos su autonomía política, reglamentada mediante leyes y disposiciones posteriores, pero siempre congruentes con el plan que nos ocupa.

El principio decimocuarto invita al presidente Madero, y a sus colaboradores en el gobierno, a renunciar de inmediato para evitar mayores desgracias a su pueblo. Finalmente, el principio decimoquinto se dirige a la patria y al pueblo mexicano, para confirmar las razones de su rebeldía e invitarlo a apoyar con las armas dicho Plan. Una de sus últimas frases es digna de considerarse principio universal de toda lucha por la libertad: “…no somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres”[ix]. El texto se cierra con el lema “Libertad, Justicia y Ley” y fue firmado por el propio Zapata y el resto de los generales de la Junta Revolucionaria morelense.

Reflexionemos pues, sobre los temas agrario y político, ambos contenidos en nuestro Plan de Ayala. Ya fueron mencionados los principios agrarios, entre ellos el primer concepto doctrinario, que era la restitución inmediata de las tierras a los propietarios que presentaran títulos legítimos sobre esos inmuebles, quedando la resolución de cualquier controversia en manos de los tribunales especiales instaurados al término de la revolución triunfante. Este rasgo distintivo -tanto del zapatismo revolucionario como del zapatismo insurgente actual-, es la inmediatez de sus conquistas, sostenidas por la fuerza de la razón y apoyadas en el hierro de la armas. El zapatismo desde entonces adquiere una legitimidad que se eleva por encima de la legalidad cómplice de la injusticia y, en esta ideología, no hay consideración que valga para aplazar un estado injusto de cosas, resulta entonces impostergable acabar con la iniquidad que consume lentamente la libertad y la vida de los pueblos, una vez a salvo de la miseria y la esclavitud que ésta produce, se podrá ponderar con templanza toda reclamación o entuerto producido por la batalla. Corresponde entonces a los terratenientes y no a las comunidades demostrar, sin lugar a dudas, sus reivindicaciones sobre la tierra.

A continuación se establece la dotación de tierras a la masa de desposeídos, con base en la expropiación de la tercera parte de las grandes propiedades, previa indemnización de esos predios. No fue una determinación canalla y mucho menos forajida, como se le calificó en su momento, sino que fue un acto de la más elemental justicia, pues proporcionaba medios de sustento a grupos hasta ahora condenados a la mendicidad. Tal era la naturaleza del principio expropiatorio, que el propio congreso convocado por Carranza cinco años después lo asimiló en el artículo 27 constitucional y años más tarde sustentaría los decretos cardenistas sobre la industria ferrocarrilera y petrolera.

El tercer principio doctrinario en materia agraria es la nacionalización de las tierras en manos de los enemigos de la revolución, y aunque no podemos atribuir su formulación a los zapatistas -pues fue usado por el propio Juárez en su encarnizada lucha contra el clero- debemos notar la distancia de sus propósitos, pues mientras el benemérito usó esta arma para financiar a un Estado Nacional crónicamente desnutrido, el Ejército Libertador del Sur pretendía aliviar las aflicciones que toda guerra impone a los civiles. ¿No es éste el auténtico propósito del poder estatal? Proteger a la gente y no a su propia supervivencia, esa es la misión del Estado.

En su apartado noveno, el Plan de Ayala dice textualmente: “Para ajustar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán leyes de desamortización y nacionalización”[x]. De naturaleza procedimental, esta evidente alusión a los recursos típicamente juaristas ha causado sucesivas polémicas sobre la inadecuación de tales mecanismos a la radicalidad de la reforma agraria planteada desde el sur; pero Antonio Díaz Soto y Gama, este intelectual tan cercano a Zapata durante sus últimos años, ofrece una posible explicación a la incongruencia aparente:

No pudo ser Zapata, ignorante en lo absoluto del texto de esas leyes, el que pensara en invocarlas, semejante ineptitud sólo pudo caber en el cerebro de Montaño [entonces secretario personal del general], que impresionado por vagos o imprecisos recuerdos de la Reforma, llegó a creer que los procedimientos de las leyes aludidas podían encajar dentro de la reforma agraria[xi].

A pesar de los accidentes legales que atraviesan el plan, su coherencia ética nunca se ha  cuestionado y la Ley Agraria expedida en octubre de 1915 por Manuel Palafox, como ministro de Agricultura y Colonización del gobierno convencionista, redujo considerablemente esos defectos jurídicos al reglamentar en la forma de una ley general las directrices de Ayala. Esta ley sistematizó la ejecución de los principios agrarios, tipificó las modalidades de propiedad según el tipo de clima, suelo y la extensión de las mismas e incluso fundamentó, en su artículo 4° el principio de dotación en la idea de un Derecho de Subsistencia como base de la pequeña propiedad agrícola:

La Nación reconoce el derecho indiscutible que asiste a todo mexicano para poseer y cultivar una extensión de terreno, cuyos productos le permitan cubrir sus necesidades y las de su familia; en consecuencia, y para el efecto de crear la pequeña propiedad, serán expropiadas por causa de utilidad pública y mediante la correspondiente indemnización, todas las tierras del país, con la sola excepción de los terrenos pertenecientes a los pueblos, rancherías y comunidades y de aquellos predios que por no exceder el máximum que fija esta ley, deben permanecer en poder de sus actuales propietarios[xii].

Al leer estas líneas, notamos claramente una diferencia con respecto al radicalismo magonista, pues mientras éste planteaba la abolición absoluta de la propiedad privada, el zapatismo continúa contemplándola en su proyecto de nación, nuevamente es Soto y Gama quien arroja luz sobre el particular, en su Historia del Agrarismo en México nos cuenta:

Coincide en esto con el genial Morelos. Éste, [...] tampoco hacía desaparecer a las haciendas y los ranchos [...] La explicación es fácil: tanto Morelos como Zapata eran hombres de campo y conocedores, por lo mismo, del medio agrícola, de sus características y de las necesidades que de él derivan. Sabían , por consiguiente, dos cosas, que en ese punto son básicas: 1a., que un campesino falto de recursos y carente de poderosa iniciativa (como sucede con los indígenas y con la mayoría de nuestra población rural), sólo pueden obtener muy exiguos ingresos con la explotación que personalmente hagan de su parcela; y 2a., que todo el tiempo que le deje libre el cultivo de ésta (o sea más de la mitad del año), lo puede dedicar, con gran provecho, a trabajar en alguna de las haciendas o fincas próximas, a título de jornalero y mediante contratos de aparcería o de labor a destajo, con lo cual obtendrá un suplemento de ingresos que le permita atender necesidades que quedarían insatisfechas si se atuviese sólo al bien escaso rendimiento de su parcela [...] Este sistema de doble trabajo que también se compadece (sic.) con la naturaleza del calpulli (hoy ejido) y con las inveteradas costumbres de nuestros campos, fue el que si duda concibieron y tuvieron en cuenta, así Morelos como Zapata al dar al asunto agrario la solución que le dieron[xiii].

Aunque guardemos distancia con Soto y Gama en la forma, no podemos negar la coherencia de su explicación, que independiente de toda doctrina foránea -como lo es el anarquismo por más maravilloso que nos parezca- se ancla en la visión de mundo que imprimía la identidad de los pueblos desde épocas precortesianas.

Observemos la relación que guardan los principios políticos del zapatismo y sus costumbres ancestrales tendiendo un encordado que después adquiriría los rasgos de un proyecto de nación. Por ello estamos en desacuerdo con la interpretación tradicional del zapatismo como un movimiento limitado a la esfera campestre inmediata y sin aspiraciones de reivindicación a nivel nacional, pues tanto los principios 12° y 13° del Plan de la Villa de Ayala, como la ya citada Ley Agraria y las posteriores leyes Sobre Libertades Municipales (1916) y Sobre Derechos y Obligaciones de los Pueblos (1917) manifiestan la importancia que el movimiento suriano concedió a la estructuración orgánica del gobierno.

Si en el Plan de Ayala se desalentaba toda ambición personalista del poder, en la Ley General de Libertades Municipales se consagraba la soberanía  popular al considerar:

…que la libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que nada hay más natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro cualquiera de población, para arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que mejor convenga a los intereses y necesidades de la localidad[xiv].

Es la Junta General de Vecinos la que decide sobre tales asuntos de la vida común, los cuales quedan especificados en el artículo 8°:

I. Aprobación del presupuesto de gastos para cada año fiscal.

II. Enajenación o adquisición de fincas por parte del municipio.

III. Celebración de contratos con otras autoridades o con particulares, para proveer a las necesidades de la municipalidad [...].

IV. Aprobación de los empréstitos que para arbitrarse fondos tenga que celebrar el municipio, en casos extraordinarios[xv].

Por otra parte, la Ley sobre Derechos y Obligaciones de los Pueblos establece en su artículo primero el derecho popular a la elección de la totalidad de sus autoridades, incluso judiciales, así como la separación tajante entre el fuero militar y el civil[xvi]; la transgresión castrense de esta disposición implicaba las más severas sanciones, en contraste con la inmunidad de la que hacen gala y abuso los militares actuales sobre la población civil.

En un intento por sintetizar el andamiaje gubernamental plateado por los zapatistas en estas y otras leyes reglamentarias del Plan de Ayala, Salvador Rueda ha descrito su arquitectura estatal como una “confederación municipal parlamentaria”, en la que efectivamente existiría una Constitución con vigencia federal, pero cuyas disposiciones se formularían desde la soberanía municipal. En este Estado popular, las magistraturas del poder judicial serían también de elección popular, lo que impelía a los ministros a presentar un programa público y a responsabilizarse de su desempeño, pues el Estado zapatista incluía la revocación de mandato como un arma más del arsenal democrático. Rueda también señala que la figura del ejecutivo se desdibuja, pues buena parte de sus competencias son ejercidas por las municipalidades, lo que constituye al presidente como un mero representante, no depositario, de la soberanía nacional practicada con mayor cabalidad en los niveles básicos de gobierno[xvii].

El proyecto gubernamental zapatista nunca llegó a sistematizarse, pues la situación de guerra en la que se formuló, la ambivalencia de sus alcances, la presencia de las codificaciones carrancistas -que disminuyeron el impacto de las surianas-, la derrota militar del villismo en 1915, así como la muerte del general Zapata, en abril de 1919, y el consecuente reacomodo interno del movimiento, impidieron organizar armónicamente estas valiosas aunque inconclusas disposiciones. Son, sin embargo, una genial síntesis de la tradición prehispánica y los más altos ideales de la democracia occidental. En el Plan de Ayala, y las leyes que de él emanaron, se encuentra un modelo político auténticamente mexicano, que desconoce -literalmente- los fundamentos clásicos de la política europea, para más libremente imaginar los mecanismos de organización política que resulten adecuados para estas tierras.

En el reconocimiento de esas virtudes, en la observancia de su espíritu y en la memoria crítica de su legado es posible que encontremos una alternativa capaz de regenerar a nuestro país, los invito a que emprendamos juntos esta labor.

Tulio Agrícola


[i] Francisco I. Madero, “Plan de San Luis Potosí”, en Javier Garciadiego, La Revolución Mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios, México, UNAM/Biblioteca del Estudiante Universitario no. 138, 2005, pp. 100-101.

[ii] Jesús Silva Herzog, Breve historia de la Revolución Mexicana, México, FCE/Colección Popular no. 17,1973, p. 231.

[iii] Ibid., p. 267.

[iv] Cfr. Friederich Katz, De Díaz a Madero. Orígenes y estallido de la revolución mexicana, México, ERA, 2008, pp. 11-14 y John Tutino, De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la revolución agraria 1750/1940, México, Era, 1990, pp. 245-251, 265-276.

[v] Otilio Montaño, “Plan de la Villa de Ayala”, en John Womack, Zapata y la Revolución mexicana, México, S.XXI/Colección América Nuestra no. 10, 2010, p. 394.

[vi] Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma agraria, México, FCE, 1964, p. 184.

[vii] Ibid., pp. 188-191.

[viii] “Plan de la Villa de Ayala”, en Womack, Op. Cit., p. 394

[ix] Ibid., p. 397.

[x] Ibid., p. 396.

[xi] Antonio Díaz Soto y Gama, Historia del agrarismo en México, México, ERA-Conaculta-UAM, 2002, p. 598.

[xii] Manuel Palafox, “Ley agraria” (28 de octubre de 1915), en Womack, Op. Cit., p. 399.

[xiii] Díaz Soto y Gama, Op. Cit., p. 600.

[xiv] Emiliano Zapata, “Ley General de Libertades Municipales del 15 de septiembre de 1915”, en Salvador Rueda Et Al. Emiliano Zapata. Antología, México, INEHRM, 1988, pp. 352-356.

[xv] Ibid., p. 355.

[xvi] Emiliano Zapata, “Ley Sobre Derechos y Obligaciones de los Pueblos y la Fuerza Armada” (5 de marzo de 1917), en Ibid., p. 378.

[xvii] Salvador Rueda, “La revolución por la tierra”, conferencia del 2° curso radiofónico
La Revolución Mexicana, 1910-1917, México, IMER, 2011, audio digital disponible en: http://www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=180:segundos-cursos-radiofonicos&catid=35:programas&Itemid=27, fecha de consulta : [25 de noviembre de 2011].